Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido poner fin a la suspensión de actividades el próximo martes 17 de septiembre, huelga que mantenían desde el 3 de septiembre como protesta a la reforma en el Poder Judicial, impulsada por el Gobierno federal y aprobada hace dos días en el Senado.
Tras una sesión privada, los ministros de la Corte decidieron regresar a trabajar tanto en el Pleno como en las Salas. La SCJN suspendió sus sesiones hace dos semanas en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que secundaron la huelga, en protesta de la reforma que afectará a sus derechos laborales y a su permanencia en el cargo. La medida estipula la remoción de más de 1.700 jueces, magistrados y ministros que serán elegidos a partir del año que viene por voto popular.
La reforma judicial ha tensado aún más la relación de los ministros del Alto Tribunal, con posicionamientos a favor y en contra de la reforma. Las diferencias han agrandado la división que existe en la Suprema Corte desde que comenzara el sexenio. “Siempre en el Pleno ha habido un ingrediente que es el respeto y en ese respeto siempre nos hemos mantenido. Eso nunca se ha violentado”, ha dicho este jueves Yasmín Esquivel, cercana al presidente López Obrador y a favor de la reforma del Poder Judicial. En línea con este posicionamiento también se manifestaron Lenia Batres y su compañera, Loretta Ortiz. Del otro lado, la ministra presidenta Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge pardo y José Luis González Alcántara Carrancá se posicionaron en contra y han acompañado a los trabajadores en sus manifestaciones de las últimas semanas.
“El respeto entre los ministros y ministras siempre ha sido clave, aunque nuestros posicionamientos en los temas de orden administrativo jurisdiccional sean distintos, siempre ha existido un gran respeto, inclusive cordialidad entre nosotros. Eso no se ha violentado. El ambiente en el pleno sigue siendo de respeto”, ha declarado a los medios Yasmín Esquivel a la salida del recinto.
El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno lleva abierto desde que Morena obtuvo una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados y una cómoda victoria en el Senado que le permitiría sacar adelante cualquier cambio a la Constitución. Así sucedió, el partido oficialista recabó los votos necesarios para pasar la reforma judicial en ambas cámaras y lo convirtió en un hecho. Los trabajadores del Poder Judicial se lanzaron a las calles e iniciaron un paro de labores y protestas frente a los principales juzgados. Nada frenó que el Gobierno sacara adelante la medida.
En un intento por frenar la reforma, los trabajadores en paro impidieron la entrada de los diputados al recinto legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados tuvo que aprobar la reforma en una sede alterna, en un deportivo cercano. Este martes, otro nutrido grupo de manifestantes tomó el pleno del Senado para evitar la votación. La sesión tuvo que ser suspendida y los senadores se trasladaron hasta una antigua sede de la Cámara Alta para sacar adelante el dictamen.
El Poder Judicial ha sido de los pocos contrapesos que ha tenido el actual Gobierno en muchas de las reformas que ha propuesto. Las diferencias entre López Obrador y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se han convertido en una guerra de poder abierta. Desde que Morena volvió a ganar las elecciones el pasado 2 de junio con una mayoría aplastante, el presidente había dado la orden de que se aprobara la reforma antes de que acabe su mandato el 30 de septiembre. Una vez aprobada a nivel federal, la reforma tendrá que ser aprobada en los Congresos locales. 16 de los 32 Estados del país ya la han incorporado a sus legislaciones.
Con información de El País