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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su Gobierno, junto a otros países aliados, «instalará centros de alimentos sin vallas» en Gaza, para que la población pueda acceder sin obstáculos.

«Vamos a instalar centros de alimentos y lo haremos en colaboración con gente muy buena. Proporcionaremos fondos, acabamos de recaudar billones de dólares, tenemos mucho dinero y vamos a invertir un poco en alimentos», declaró antes de reunirse en su complejo de golf de Turnberry (oeste de Escocia) con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump afirmó que otros países, incluido el Reino Unido, están dispuestos a ayudar a instalar esos puntos alimentarios «donde la gente pueda entrar sin barreras».

«Ahora no pueden, ven la comida a 30 metros de distancia, la ven, está toda ahí, pero nadie va a por ella porque hay vallas que lo impiden. Es una locura lo que sucede allí», afirmó.

En declaraciones previas a la llegada de Starmer al complejo, el líder republicano aseguró que «ve posible» un alto el fuego en Gaza, pese a que su país e Israel se retiraron de las negociaciones, y reconoció que hay hambruna porque ve «a niños hambrientos» en la televisión.

Preguntado por la prensa si veía posible una tregua, el presidente incidió en que su Administración quiere «sacarlo adelante».

Estados Unidos abandonó las conversaciones en Catar después de que lo hiciera Israel el pasado 24 de julio, al considerar que el grupo islamista Hamás las obstaculizaba.

Sobre si coincide con el primer ministro israelí, Benjamin, Netanyahu, en que no hay hambruna en la Franja, Trump dijo: «No especialmente», ya que las imágenes que ve en televisión sugieren «que hay niños hambrientos», aunque culpó a Hamás de robar la comida.

Por su parte, Starmer reiteró este lunes que la situación en Gaza es «una catástrofe absoluta», después de anunciar el sábado que el Reino Unido colaborará con Jordania para lanzar ayuda humanitaria aérea y que prepara con Berlín y París un plan para garantizar la paz cuando haya un alto el fuego.

Tras reunirse con el líder laborista, ambos se desplazarán a su otro complejo de golf en Aberdeen, en el noreste de Escocia, donde Trump inaugurará un segundo campo de golf con sus hijos Eric y Donald Trump Jr. y se verá con el ministro principal del Gobierno escocés, John Swinney. 

Harvard demandó este viernes al gobierno de Donald Trump por su decisión de impedir que la prestigiosa universidad matricule y acoja a estudiantes extranjeros, según un documento judicial.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó el jueves la capacidad de la Universidad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes.

El presidente Donald Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones.

Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.

Su administración ya amenazó con revisar 9,000 millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de 2,200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad.

Este es «el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes», afirma la demanda presentada ante el tribunal federal de Massachusetts.

La pérdida de estudiantes extranjeros —más de una cuarta parte del alumnado— podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula.

El veto a los estudiantes extranjeros se dio mediante la revocación a Harvard de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.

La revocación impedirá a la universidad recibir a estudiantes internacionales con visados de no inmigrante F o J para el curso académico 2025-2026.

Un juez federal ordenó el mismo jueves la suspensión a nivel nacional de cualquier revocación del estatus legal de los estudiantes internacionales, aunque no está claro si esta decisión afecta a los matriculados en Harvard.

El presidente de Harvard, Alan Garber, condenó el viernes la «acción ilegal e injustificada» del gobierno estadounidense.

«Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como advertencia para innumerables personas de universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños», señaló.

Noem declaró el jueves que el gobierno «responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus».

Los estudiantes chinos representan más de una quinta parte de la matrícula internacional de Harvard, según cifras de la universidad, y Pekín afirmó que la decisión «solo dañará la imagen y la posición internacional de Estados Unidos».

«La parte china se ha opuesto sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa», declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

Karl Molden, estudiante austriaco de Harvard, afirmó haber solicitado su traslado a Oxford, en el Reino Unido, por temor a las medidas del gobierno estadounidense.

«Da miedo y es triste», declaró a la AFP el jueves este estudiante de 21 años de literatura clásica, quien calificó su admisión en Harvard como el «mayor privilegio» de su vida.

Los líderes de la sección de Harvard de la Asociación de Profesores Universitarios calificaron la decisión como «la última de una serie de medidas abiertamente autoritarias y de represalias contra la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos».

-Con información de El Economista

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este martes a la capital 13 de mayo de Arabia Saudita, Riad, en su primera gira internacional desde que asumió el poder, que durará cuatro días y le llevará también a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos (EAU). La visita de Trump a Oriente Próximo estará centrada en inversiones y tratos comerciales, si bien se produce en un momento crítico para la región con intentos por parte de Washington de reconducir el diálogo nuclear con Irán.

Trump fue recibido en la Terminal Real del Aeropuerto Internacional Rey Khaled, de Riad, por el primer ministro y príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, conocido como «MBS» y considerado el hombre fuerte de Arabia Saudí, quien le extendió la mano en el pie de la escalera del avión, antes de acompañarle al Salón Real del aeropuerto. Bin Salmán prometió en enero aportar 600.000 millones de dólares en el comercio e inversiones estadounidenses.

El avión presidencial fue escoltado a su llegada al país por hasta seis cazabombarderos F-15 saudíes, tras un viaje sin incidentes desde Estados Unidos, según reportaron los periodistas que acompañan al mandatario y difundieron en sus redes sociales. Durante su estancia en el rico e influyente reino árabe, Trump tiene previsto inaugurar un foro de inversiones estadounidense-saudí, y será recibido por las máximas autoridades de la familia real saudí. Según un alto funcionario saudita, Riad presionará por su parte para conseguir los últimos cazas de combate F-35.

La Casa Blanca calificó de «histórica» esta gira, que se presenta como uno de los grandes viajes al extranjero de Trump en los primeros meses de su segundo mandato presidencial. En su primer mandato, Trump también eligió Arabia Saudita como destino de su primer viaje al extranjero. Antes de partir hubo un fuerte debate por el ofrecimiento de un avión presidencial por parte de Qatar. El presidente estadounidense intenta asegurar el libre tránsito de mercancías por el mar Rojo y poner los cimientos de una salida al conflicto entre israelíes y palestinos, así como al complejo tablero sirio tras la caída de la dinastía Al Asad.

 El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este domingo la reapertura y modernización de la prisión de Alcatraz, famosa porque allí se enviaron algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, como Al Capone.

«¡RECONSTRUIR Y ABRIR ALCATRAZ! Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes viciosos, violentos y reincidentes, la escoria de la sociedad, que nunca aportarán nada más que miseria y sufrimiento», posteó Trump en su red, Truth Social.

«Cuando éramos una Nación más seria, en tiempos pasados, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos, y mantenerlos lejos de cualquiera a quien pudieran dañar. Así es como debe ser. Ya no toleraremos a estos delincuentes en serie que siembran la suciedad, el derramamiento de sangre y el caos en nuestras calles», añadió.

«Por eso, hoy, estoy ordenando a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y Seguridad Nacional, reabrir un ALCATRAZ sustancialmente ampliado y reconstruido, para albergar a los Delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Ya no seremos rehenes de criminales, matones, y Jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y permitirnos expulsar a criminales, que entraron ilegalmente a nuestro País. La reapertura de ALCATRAZ servirá como símbolo de Ley, Orden y JUSTICIA. ¡Haremos a ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!», concluyó.

Diseñada para ser «impenetrable», la prisión de Alcatraz, ubicada en la isla de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco, cerró en 1963. A pesar de considerarse «la prisión más segura del mundo», tres prisioneros: Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, lograron escapar el 11 de junio de 1962, tras cavar un túnel desde sus celdas y escapar a la bahía de San Francisco.

Tras su cierre, la prisión fue convertida en un museo y hasta hoy ha es una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco.

-Con información de El Universal.

El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de mayores aranceles a China, Europa y muchos países latinoamericanos, provocó reacciones en todo el mundo.

El Ministerio de Comercio de China reclamó a Estados Unidos «cancelar inmediatamente» los nuevos gravámenes que «ponen en peligro el desarrollo económico mundial». También anunció que tomarán «contramedidas para preservar sus derechos e intereses». Un portavoz diplomático le urgió a resolver las diferencias económicas y comerciales «a través de consultas justas, respetuosas y recíprocas».

El Congreso de Brasil aprobó por unanimidad un proyecto que otorga herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales de Trump. La «ley de reciprocidad económica» fue avalada por la Cámara de Diputados, tras recibir un día antes el visto bueno del Senado.     

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una publicación en la red social X que los nuevos gravámenes estadounidenses pueden ser «un gran error». No obstante, en una segunda publicación, aseguró también que su país -que enfrenta un impuesto aduanero del 10%- puede aprovechar y beneficiarse con esta política de Trump, como el resto de Latinoamérica, produciendo más baratos bienes encarecidos en el mercado estadounidense.

«Duro golpe a la economía mundial»

«Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas», advirtió el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien consideró que las tarifas estadounidenses «cambiarán fundamentalmente el sistema de comercio mundial» y «afectarán directamente a millones de canadienses».  

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los aranceles constituyen un «duro golpe a la economía mundial». También declaró que la Unión Europea está «preparada para responder», aunque aseguró que «no es demasiado tarde» para abrir negociaciones con Washington.     

El jefe de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, consideró que las decisiones de Trump son «fundamentalmente erróneas» y «constituyen un ataque contra un orden comercial que ha creado prosperidad en todo el mundo». Como otros líderes europeos, aseguró que el bloque responderá «de manera unida, fuerte y apropiada».     

El primer ministro de Francia, François Bayrou afirmó que las medidas de Trump son «una catástrofe» tanto para Europa como para Estados Unidos.     

Aunque en su caso los aranceles serán del 10%, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a empresarios del Reino Unido que las medidas tendrán «un impacto económico, tanto a nivel nacional como mundial».     

«La introducción por parte de Estados Unidos de aranceles a la UE (Unión Europea) es una medida que considero mala y que no conviene a ninguna parte», reaccionó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un comunicado por redes sociales. Y prometió «trabajar por un acuerdo con Estados Unidos, buscando evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitará a Occidente», agregó.   

Contramedidas y llamados a negociar

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó los aranceles de Trump de ataque «unilateral» contra Europa, llamó a reconsiderarlos y lanzó un paquete de más de 14 mil millones de euros para contrarrestar los efectos en la economía española.     

«Amistad significa colaboración. Colaboración significa real y verdaderamente aranceles recíprocos», afirmó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

«He transmitido que las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por Estados Unidos son extremadamente lamentables y de nuevo urgí fuertemente (a Washington) a no aplicarlas a Japón», declaró a periodistas el ministro de Comercio de Japón, Yoji Muto.     

El Gobierno de Taiwán considerò «que la decisión (estadounidense) es muy poco razonable y la lamenta profundamente, e iniciará negociaciones serias con Estados Unidos», dijo la portavoz del gabinete, Michelle Lee, sobre los aranceles de 32% sobre las exportaciones de la isla, que no incluye a los semiconductores, uno de los principales bienes exportados por la isla.

«Estos aranceles no son inesperados, pero déjenme ser claro: son totalmente injustificados», expresó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien afirmó que «no son el acto de un amigo».

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, aseguró que su Gobierno tiene un «plan fuerte» para responder a los aranceles de 36% impuestos por Trump a las exportaciones de su país.

-Con información de DW.

La Casa Blanca desautorizó este martes al director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en relación al artículo dónde relata su inclusión en un grupo privado de mensajería en el que se compartieron planes militares de Washington en Yemen. Aseguró que no se filtró información sensible en ese chat.

«Jeffrey Goldberg es conocido por su sensacionalismo», escribió hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red X en el que afirma que en la sala de la aplicación Signal a la que se añadió al periodista «no se discutieron ‘planes de guerra’» y «no se envió material clasificado».

«La Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha proporcionado orientación sobre diversas plataformas para que los altos funcionarios del presidente (Donald) Trump se comuniquen de la forma más segura y eficiente posible», añade Leavitt sobre el episodio, que ha puesto en tela de juicio los mecanismos empleados por el actual Gobierno estadounidense para compartir información delicada.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que supuestamente estaba entre los participantes de ese chat, negó lo sucedido el lunes y cargó contra Goldberg, tildándolo de «engañoso y altamente desacreditado» y «supuesto periodista».

Sin embargo el Consejo de Seguridad Nacional confirmó después que el número de teléfono del director editorial de la revista de corte liberal se agregó a la conversación en Signal, donde supuestamente participaron figuras de peso en la Administación o asistentes suyos.

«Como declaró el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca está investigando cómo se añadió inadvertidamente el número de Goldberg al hilo», afirmó hoy Leavit, que añadió que «gracias al liderazgo firme y decidido del presidente (Donald) Trump y de todos los miembros del grupo, los ataques (contra los) hutíes fueron exitosos y efectivos».

En su artículo, Goldberg detalla paso por paso –sin desvelar información que considera confidencial o que puede afectar tareas de espionaje e inteligencia– los cuatro días que pudo leer el debate entre los más altos funcionarios del gobierno de un ataque que según los rebeldes hutíes yemeníes causó 53 muertos y 98 heridos.

Goldberg entró el 11 de marzo en un chat en la aplicación de mensajería encriptada Signal a invitación de una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, en un grupo de 18 personas en el que aparentemente aparecían figuras clave como el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el responsable del Departamento de Estado, Marco Rubio, y la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard.

Un juez federal estadounidense ordenó este jueves al Gobierno de Donald Trump que reintegre en sus puestos a miles de empleados públicos en periodo de prueba despedidos durante las primeras semanas de la actual administración.

La orden del juez William Alsup, con tribunal en San Francisco (California), afecta a los trabajadores despedidos en los departamentos de Defensa, Energía, Tesoro, Interior, Agricultura y Asuntos de los Veteranos.

La orden está dirigida a la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés), responsable de los despidos. El juez falló que la OPM carece de autoridad legal para ordenar este tipo de despidos.

La orden de Alsup es el mayor revés legal hasta la fecha a los planes de despidos masivos de Trump y Elon Musk.

Como parte de su estrategia para recortar drásticamente el sector público, Trump, con el apoyo del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Musk, enfocó sus primeros esfuerzos en los empleados en periodo de prueba.

En el Gobierno federal, el periodo de prueba tiene una duración habitual de un año y se aplica tanto a nuevos empleados como a aquellos que se ascendieron o que cambiaron de puesto dentro de la administración.

Hasta la fecha se despidieron al menos 103.452 empleados públicos de los 2,3 que conformaban la plantilla federal desde que Trump llegó al poder el 20 de enero, muchos de ellos en periodo de prueba, según la CNN.