Los republicanos inician el periodo de sesiones de la Cámara de Representantes dispuestos a no dar tregua al presidente, Joe Biden. El líder republicano del Congreso, Kevin McCarthy, ha ordenado abrir una investigación para el procesamiento político o impeachment de Biden por los negocios de su familia, y en particular de su hijo, Hunter Biden, en el exterior. Ya había dicho en una entrevista que ese era el “siguiente paso lógico” en las investigaciones acerca de su hijo, Hunter Biden, y sus negocios en el exterior. Esta vez lo ha repetido en el Capitolio en el primer día del nuevo curso político al tiempo que anunciaba la petición formal para abrir esa investigación. McCarthy trata así de apaciguar al ala dura de su partido, dispuesta a pedir su propia cabeza si no eleva la presión sobre el presidente.
McCarthy ha anunciado su decisión en una comparecencia de tres minutos y medio en la que no ha admitido preguntas. En ella ha encargado dirigir los trabajos a la Comisión de Supervisión de la Cámara en coordinación con la Comisión judicial y la de Medios y Arbitrios. “Hoy ordeno a nuestras comisiones de la Cámara que abran una investigación formal de impeachment contra el presidente Joe Biden. Este siguiente paso lógico dará a nuestras comisiones el pleno poder para reunir todos los hechos y respuestas para el público estadounidense”, ha añadido.
En anteriores procesos políticos, se había sometido a la votación del pleno la apertura de una investigación, pero en este caso ha sido el presidente de la Cámara el que la ha ordenado unilateralmente, y en contra de lo que había asegurado hasta hace muy poco. “[McCarthy] prometió celebrar una votación para abrir un juicio político, ahora se ha dado la vuelta porque no tiene apoyo. Extremismo político en su peor versión”, ha tuiteado Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca. Llegado el momento, la Cámara de Representantes tendrá que votar si presenta cargos políticos contra Biden y el Senado decidir sobre si es responsable.
McCarthy ha tratado de argumentar su posición: “No tomo esta decisión a la ligera. Independientemente de su partido, o a quién votó. Estos hechos deben preocupar a todos los estadounidenses. El pueblo americano merece saber que los cargos públicos no están en venta, que el Gobierno federal no está siendo utilizado para encubrir las acciones de una familia políticamente destacada. Ahora, animo al presidente y a su equipo a cooperar plenamente con esta investigación en aras de la transparencia. Estamos comprometidos a obtener respuestas para el público estadounidense, ni más ni menos. Iremos donde las pruebas nos lleven”, ha concluido.
En su introducción, McCarthy ha sostenido que las investigaciones sobre Biden “dibujan una cultura de corrupción”. “A través de nuestras investigaciones, hemos encontrado que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. Los testigos han declarado que el presidente se unió en múltiples llamadas telefónicas, y tuvo múltiples interacciones, cenas que resultaron en coches y millones de dólares para sus hijos y los socios de sus hijos. Sabemos que los registros bancarios muestran que casi 20 millones de dólares en pagos fueron dirigidos a los miembros de la familia Biden y asociados a través de diversas firmas fantasma. Solo el Departamento del Tesoro tiene más de 150 transacciones que implican a la familia Biden y otros socios de negocios que fueron marcados como actividad sospechosa por los bancos estadounidenses”, ha dicho.
McCarthy acusado a Biden de usar su oficina, en la época en que era vicepresidente de Barack Obama, para coordinarse con los negocios de su hijo a través del papel de este como consejero en la firma ucrania Burisma. “A pesar de las graves acusaciones, parece que a la familia del presidente se le ha ofrecido un trato especial, por parte de la propia Administración de Biden, trato que de otro modo no habrían recibido de no estar relacionados con el presidente. Se trata de acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción. Y merecen una mayor investigación por parte de la Cámara de Representantes”, ha añadido.
La Casa Blanca siempre ha negado la participación del presidente en los negocios de su hijo. No hay pruebas que acrediten su papel en ellos, más allá de esos saludos y encuentros circunstanciales. Nada apunta hasta ahora que Biden se beneficiase personalmente. El presidente ha mantenido el apoyo a su hijo y aparece en público con él frecuentemente, incluso pese a las investigaciones penales que se siguen contra él. El fiscal especial David Weiss, encargado de su caso, quiere imputarle este mes por mentir al comprar un arma diciendo que estaba libre de drogas en una época en que era adicto. En relación con sus negocios, el fiscal le acusaba de dos delitos menores de fraude fiscal en un acuerdo que quedó en el aire en el momento de ratificarse.
El procesamiento político es un procedimiento excepcional. Solo tres presidentes a lo largo de la historia (Andrew Johnson, en 1868; Bill Clinton, en 1998, y Donald Trump, este por dos veces, en 2019 y 2021) han sido sometidos al juicio político a instancias de la Cámara de Representantes y todos han sido absueltos por el Senado, donde se precisa una mayoría de dos tercios para una condena. Richard Nixon dimitió cuando se tramitaba su procesamiento. No hay precedentes, por otro lado, de un impeachment contra un presidente por actos ocurridos antes de ocupar su cargo.
La investigación a Biden llega cuando su predecesor afronta una cargada agenda judicial a poco más de un año de las elecciones. “Este es un esfuerzo evidente para impulsar la campaña de Donald Trump mediante el establecimiento de una falsa equivalencia moral entre Trump, el expresidente acusado cuatro veces” y Biden, que se enfrenta a “cero pruebas de irregularidad alguna”, ha dicho Jamie Raskin, el congresista demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara, en declaraciones recogidas por AP.
El movimiento de McCarthy es una cesión al ala radical de su partido, que presiona a su propio speaker en dos frentes. Por un lado, con el impeachment, ya fuera por los negocios de su hijo, que es el caso abierto, o con cualquier otra excusa. Por otro, quieren sacarse la espina del acuerdo para suspender el techo de deuda con nuevos recortes de gasto y otras condiciones como exigencia para aprobar las partidas presupuestarias para el nuevo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Los más duros están dispuestos a provocar lo que se conoce como cierre del Gobierno al no aprobar las leyes de gasto. Eso provocaría la suspensión de parte de los servicios públicos y que decenas de miles de empleados federales dejasen de cobrar sus nóminas.
McCarthy es consciente de que una medida tan drástica puede volverse en contra de los republicanos. Esa opinión la comparten sus compañeros de partido más moderados, pero la mayoría republicana es tan precaria que el ala dura quiere imponer su chantaje. El presidente de la Cámara de Representantes ha avisado de que si no se habilita el gasto, tampoco pueden financiarse las investigaciones contra el presidente.
Aparte de avanzar hacia el impeachment, el ala dura, concentrada en el llamado Freedom Caucus, pide también endurecer la política migratoria y castigar sin fondos las investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI que consideran una “caza de brujas”, como las que han llevado a las imputaciones del expresidente Donald Trump.
Las medidas legales que reclaman los republicanos de la Cámara de Representantes no tienen posibilidades de salir adelante en el Senado, de mayoría demócrata, así que la situación amenaza con un bloqueo. Si McCarthy se apoya en los moderados de su partido y la minoría demócrata de la Cámara para sacar adelante las partidas de gasto, los miembros del ala dura están dispuestos a pedir su cabeza. Ya escenificaron una rebelión cuando el techo de deuda se suspendió con esa mayoría bipartidista y ahora se muestran aún más amenazantes.
“El presidente McCarthy no debería ceder ante los miembros de extrema derecha que amenazan con cerrar el Gobierno a menos que consigan un imnpeachment infundado y sin pruebas contra el presidente Biden. Las consecuencias para el pueblo estadounidense son demasiado graves”, ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams.
Con información de El País
