EL martes 9 de enero de 2024, al menos diez personas fallecieron, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional de Ecuador, y tres fueron heridas, en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos “narcoterroristas”.
En un primer momento se informó de la muerte de ocho personas y tres heridos, incluido un Policía herido de arma de fuego, en incidentes separados en Guayaquil, según explicó el cuerpo policial en una rueda de prensa realizada junto al alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez.
En un comunicado posterior, la Policía de Ecuador reportó la muerte de dos agentes más “vilmente asesinados por delincuentes armados” en la localidad de Nobol, en la región de Guayas.
Los agentes han conseguido detener a unas 14 personas sospechosas de participar en los hechos violentos, mientras que se ha registrado la toma de cinco hospitales y del canal ecuatoriano TC Televisión por un grupo de encapuchados armados, así como daños en infraestructuras y vehículos.
La Fiscalía ecuatoriana dijo que procesará a 13 personas por el delito de terrorismo debido a que ingresaron armados en las instalaciones de la cadena de televisión y por retener al personal del medio de comunicación.
El alcalde de Guayaquil dijo que su compromiso “es con la seguridad” de la ciudad: “Vamos a trabajar de manera proactiva y colaborativa con la fuerza pública, a quienes apoyamos irrestrictamente. Seguiremos cooperando con nuestro contingente local de seguridad para fortalecer la respuesta conjunta ante la seria crisis de seguridad”.
También hizo un llamado a la “unidad nacional” y ha mostrado su confianza en que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “tomarán las medidas necesarias para restablecer el orden y la paz en el país”. El alcalde se solidarizó con las familias de las víctimas y envió su disposición al mandatario.
Esto se produce después de que el presidente Noboa decretase el lunes el estado de excepción para permitir a los mandos policiales y militares intervenir las cárceles tras asegurar que el país vive “una crisis de seguridad penitenciaria”, después de que las autoridades confirmaran la evasión de “Fito” de la cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, una de las implicadas en la reciente ola de violencia e inestabilidad dentro de los presidios ecuatorianos.
