El objetivo es el refinanciamiento de la deuda de largo plazo, para la obtención de mejores tasas de interés y de plazo, para liberar recursos y destinarlos a proyectos de infraestructura y programas sociales.
La solicitud fue presentada por la gobernadora, “Mara” Lezama, a finales del mes pasado, dictaminada la tarde de ayer por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y aprobada anoche mismo, por 23 votos a favor y 2 en contra, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), conformada por la diputada, Alicia Tapia Montejo y Hugo Alday, durante el arranque del Quinto Periodo Extraordinario de sesiones.
Las y los diputados que votaron a favor, por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde (PVEM), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) argumentaron que su voto fue “razonado” y aclararon que no se trata de aumentar la deuda.
La deuda pública a largo plazo en el tercer trimestre del año asciende a 19 mil 551 millones 246 mil 139 pesos, de acuerdo con la Sefiplan.
Dicha cifra, sumada a los pasivos actuales que ascienden a 4 mil 689 millones 781 mil 413, más el monto de deuda de corto plazo por 652 millones 218 mil 814 pesos –saldo del crédito por mil 500 millones de pesos que este gobierno solicitó– dan un total 24 mil 893 millones 246 mil 367 pesos, por concepto de deuda pública.
Básicamente, el monto refinanciado corresponde solo al que compete a la deuda pública de largo plazo, solicitando un crédito de hasta por 19 mil 625 millones 687 mil 171.57 de pesos para pagar ese adeudo con mejores tasas de interés y a un plazo pagable a 30 años, es decir, al 2053, lo que lo extiende ocho años más, incluido el pago de intereses, aún cuando la tasa sea preferencial.
“La reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo, permite que las entidades liberen recursos destinados al pago de la deuda, para reorientar así, dichos recursos en proyectos de infraestructura y programas sociales.
“Pero también existen pasivos que presionan a las finanzas públicas, como es la deuda pública a corto plazo, conformada por deudores, por adeudos a proveedores y a contratistas, así como de obligaciones fiscales”, dijo la diputada por Morena, Mildred Ávila.
La legisladora explicó que durante el año de administración de Lezama Espinosa, los pasivos de corto plazo recibidos, que ascendían a 7 mil 156 millones de pesos, que correspondían a los rubros de proveedores y contratistas, así como las contribuciones fiscales se redujeron a 4 mil 819 millones de pesos, pero luego dijo que a 3 mil 500 millones de pesos.
El gobierno estatal argumentó que este es buen momento para la reestructura de la deuda, debido a las condiciones actuales de las finanzas estatales, que se encuentran en Verde, dentro del Semáforo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), “como nunca antes” y a que la calificación crediticia del estado mejoró en esta administración, pasando de BB a A.
Sin embargo, las tasas de interés, en la actualidad son más elevadas y la calificación crediticia citada por el gobierno y por la propia Ávila Vera, se estableció con base en el Presupuesto de Egresos del 2023, no a manera de evaluación por un buen manejo de las finanzas.
La legisladora señaló que la actual administración recibió una deuda pública de largo plazo de 20 mil millones de pesos, que se redujo a 19 mil 625 millones de pesos, pero el dato que dio es incorrecto.
De acuerdo con datos de la propia Sefiplan, la deuda pública de largo plazo que el gobierno de Carlos Joaquín dejó a la administración de Lezama Espinosa, fue de 19 mil 608 millones 364 mil 028 pesos, al 30 de septiembre del 2022.
Al margen de esos equívocos, el refinanciamiento de la deuda fue respaldado por la mayoría del pleno, incluida la oposición.
La diputada por el PRI, Elda Candelaria Ayuso, quien votó a favor, atinó a solicitar a la Sefiplan que el proceso de contratación de los créditos se apegue al marco legal, que se informe lo relacionado con las instituciones crediticias, el costo de las tasas de interés y los compromisos de cumplimiento del pago.
El diputado Julián Ricalde, quien se separó de Fuerza por México (FxM), recordó los fuertes endeudamientos contraidos durante los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge, periodos que calificó como “12 años de latrocinio espantoso para Quintana Roo, del que no se recuperan las finanzas del todo y menos con la pandemia que afectó de manera importante el sexenio anterior”.
Ricalde Magaña añadió que aun cuando se esperaba que el refinanciamiento fuese durante el cambio de gobierno, se confía que se esperó a tener mejor analizado el tema.
“El tema está muy claro, son casi 19 mil 600 millones de pesos y los plazos, 30 años. Esos son los marcos de referencia con los que tiene que trabajar el encargado de las finanzas para salir a licitar y buscar mejores condiciones en el mercado y pueda tener mayor liquidación este gobierno”, señaló, aclarando que su voto a favor no era una “renuncia” a vigilar el proceso.
Cinthya Tamilie Millán, del PAN, insistió que se ha verificado que no se trata de un nuevo endeudamiento, resaltó que la deuda pública a refinanciar equivale casi a la mitad del presupuesto anual del estado y que se solicitó que los recursos que se liberen con la reestructura se destinen a proyectos de infraestructura.
Maritza Basurto Basurto, por Movimiento Ciudadano, criticó que siendo un estado “tan joven, estemos tan endeudados” y, previo a votar a favor, subrayó que debe garantizarse que el proceso sea transparente y efectivo.
En sus intervenciones, las y los diputados de Morena, Luz María Beristain, Ricardo Velazco, Humberto Aldana, que en el pasado criticaron el mismo tipo de reestructura hecha, bajo los mismos preceptos, consideraron que con este gobierno se ha actuado “con muchísima responsabilidad financiera” y que este refinanciamiento va en sintonía con ello.
Con información de El Universal
