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Debido a no contra con una autorización en materia de impacto ambiental, el juzgado del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del ten maya que comprende el trazo de Playa del Carmen a Tulum.

La construcción de la megaobra, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue suspendida debido a que el juez dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo.

Al respecto Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, determinó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

“Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya”, comentó.

El Juez Novelo Pérez agregó que, mientras no decida si concede o no la suspensión definitiva, no puede seguir la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra.

Señaló que la suspensión es obligatoria para las dependencias del gobierno federal, así como a cualquier empresa privada contratada por las mismas para realizar trabajos de construcción del tramo cinco, sector sur, del Tren Maya.

“Si tuviese intervención algún particular en la ejecución de los actos de autoridad que se atribuyen a las autoridades responsables y respecto de los cuales se otorgó la suspensión, será obligación de éstas últimas ordenar al particular la inmediata paralización de la ejecución de los actos reclamados”, destacó.

Será a las 12:05 horas del 22 de abril próximo cuando se celebre la audiencia incidental en la que se determinará si se concede o no la suspensión definitiva.

Tras 12 horas de discusión en el pleno, la reforma constitucional del sector eléctrico que impulsaba el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada este domingo por la Cámara de Diputados de México, al no alcanzarse los dos tercios de votos necesarios.

La polémica reforma buscaba dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46% de la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas, obteniendo un total de 257 votos a favor y 223 en contra, sin ninguna abstención.

“Con esta reforma, la energía eléctrica dejaría de ser una simple mercancía para convertirse en un servicio público para las y los mexicanos”, comentó Moisés Ignacio, coordinador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional.

El resultado propició gritos de celebración y rechazo. Integrantes de la coalición opositora Va por México festejaron repitiendo “Sí se pudo”. Los defensores de la reforma llamaron “traidores” a quienes no apoyaron su propuesta.

Tras el cierre de la votación y la oficialización del resultado, los diputados fueron llamados este lunes a debatir cambios a la Ley Minera, que el presidente López Obrador había dicho era su blindaje en caso de que no fuera aprobada la reforma eléctrica.

Con las reformas a la Ley Minera se buscará definir al litio como un bien de la nación, lo que impedirá que dicho mineral pueda ser explotado por privados.

Será este lunes al mediodía cuando empezará la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley Minera, con el objetivo de llegar a la votación en la misma sesión.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), por lo que continuará vigente.

Siete de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la LIE que consideran vulneran la libre competencia y dejan en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose a un voto de los ochos requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente.

Los resultados de esta votación significan que las impugnaciones a la LIE se desestiman, por lo que la SCJN no emitirá ninguna jurisprudencia sobre su validez. Esto deja abierta la puerta para que sigan los juicios de amparo que la impugnan, y los juzgados y tribunales puedan emitir libremente sus fallos, caso por caso.

En la votación fue definitivo el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien afirmó que el artículo 27, fracción VI de la Constitución, define al servicio público de electricidad como una actividad exclusiva del Estado y que por tanto el legislador puede definir libremente el modelo a seguir para garantizarlo.

Los cuatro votos con el proyecto fueron de la ponente, Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar.

Quienes votaron contra el proyecto coincidieron en señalar que no le corresponde a la SCJN determinar cuál es el mejor sistema de generación de electricidad ni la política pública sobre este tema, pues su labor se debe restringir a determinar si la LIE es congruente con la Constitución y con la reforma energética de 2013, aún vigente.

Por su parte, el ministro Aguilar señalo que, conforme a la reforma energética de 2013, hay que establecer las bases para la competencia y libre concurrencia y desarrollo sustentable y limpio, objetivos que la LIE no contempla.

La ministra Ríos insistió en que la SCJN debe partir del marco constitucional vigente, que incluye la reforma energética de 2013, por lo que también anunció su voto por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la LIE que limitan la libre competencia.

De igual manera, el ministro Pérez señaló que la LIE dificulta la política de libre concurrencia: “Si la Constitución llegara a cambiar, entonces tendríamos que hacer un análisis bajo un nuevo parámetro. Mientras tanto eso no suceda, no se realizará así.”

La ministra Yasmín Esquivel, quien afirmó que la Constitución no puede tener la finalidad de asegurar jugosas ganancias a los particulares.

A esta postura se añadió el voto del ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien dijo que la competencia económica no es un derecho absoluto y menos en un área como la generación de electricidad cuya rectoría corresponde al Estado, con base en la Constitución.

Con información de la jornada

Esta semana el equipo de Encadena tuvo la oportunidad de platicar con Claudia Rodríguez, Vocal Ejecutiva del INE Quintana Roo sobre el proceso que se realizará el 10 de abril a nivel nacional.

De acuerdo con la información para realizar el proceso del 10 de abril, se tuvieron que eliminar diversos proyectos destinando recursos de octubre, noviembre y diciembre lo cual representa la economía del último trimestre del año.

Durante la entrevista se cuestionó las consecuencias de la realización de este procedimiento en consideración a las próximas elecciones del 5 de junio.

«No se tocó ningún proyecto con respecto a las elecciones locales que se van a realizar. Están garantizados los recursos para este proyecto», destacó.

Por otra parte se le recordó a la ciudadanía la forma más fácil de encontrar la casilla correspondiente para poder participar en los ejercicios.

«Hay un micrositio en la página del INE (www.ine.mx) “Ubica tu casilla”, ingresamos el número de sección que aparece en nuestra credencial de lector, esto nos ubicara en nuestra casilla donde nos toca votar, y adicionalmente en las redes sociales del INE Q ROO, esta posteado el link para ubicar donde pueden votar», comentó.

De igual forma recordó el horario para la participación de este ejercicio, el cual se llevará de 8 am a 6 pm, así mismo recordó que es indispensable acudir con cubrebocas y seguir las medidas de salud para evitar el contagio.

Por último comentó que se espera una actividad democrática participativa, sin embargo Qroo, cuenta con una participación baja que dependen de muchos factores. En 2019 hubo una participación del 22%, lo que es muy baja.

Con el fin de promocionar los destinos del Caribe mexicano, incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la creación de empleos, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) dio a conocer que participa en una caravana nacional en conjunto con la aerolínea Volaris, dirigida a agentes de viaje.

En esta caravana, que comenzó en Morelia y continuará en Tijuana y Culiacán, participan prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo.

Esta aerolínea inauguró, este fin de semana, dos nuevas rutas: Cancún-Morelia y Cancún-Culiacán, de acuerdo con información conjunta.

La nueva ruta Cancún-Morelia tendrá frecuencias los martes, jueves y sábados, y con ella Volaris dará servicio a un mercado potencial de tres millones de personas que visitan Michoacán cada año.

La ruta Cancún-Culiacán tendrá frecuencia los miércoles, viernes y domingos y aumentará la conectividad de Sinaloa con los principales destinos vacacionales del país.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de turismo de Quintana Roo, expresó que estas nuevas rutas reflejan el dinamismo de la reactivación económica y de la conectividad para reforzar el turismo en el estado, donde, durante el año de 2021, más del 40 por ciento de los arribos correspondió a visitantes mexicanos.

Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, explicó que el Caribe mexicano ahora está más cerca del turista que desea descubrir uno de los destinos más diversos del mundo, a través de experiencias que perdurarán para siempre, ya que el lugar cuenta con una inigualable belleza natural, llena de aventuras y actividades para toda la familia y, por supuesto, con la enigmática cultura maya.

Esta semana por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para ingresar a laborar en el sector que regularon una vez que dejaran el cargo.

Arturo Zaldívar, el ministro presidente, expuso que esta norma, que estaba incluida en la Ley de Austeridad Republicana, no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones.

De igual forma, explicó que esta regla no puede aplicarse de la misma manera para todos los altos cargos ya que manejan información diferente.

“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto me parece que la norma es sobreinclusiva”, afirmó el ministro presidente.

En su posicionamiento, expuso que una norma de este tipo “debe operar para cualquier servidor público que, a razón de sus funciones, tenga acceso a información privilegiada y esto le genere una ventaja frente a otros trabajos”.

Así mismo el ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“En la Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año. ¿Cuál sería entonces la sanción que se debería aplicar? Y, ¿cómo sería el supuesto que se está incumpliendo si una ley dice un periodo y la otra dice otro?”.

La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que buscaba generar ahorros en el gasto público.