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Reafirman en Cancún protección integral a niñas, niños y adolescentes

El gobierno de Benito Juárez, que encabeza la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, instaló la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI) y la Comisión de Justicia para los Adolescentes, así como tomó la protesta de ley a sus respectivos integrantes.

En el evento realizado en el “Salón Presidentes” del Palacio Municipal, en representación de la Primera Autoridad Municipal, el subsecretario de Gobierno, Fernando Peralta Rivera, resaltó que dicho grupo poblacional tienen derecho a una protección contra todas las formas de abuso laboral, por lo que dicha comisión, propuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encargará de coordinar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones para prevenir y combatir ese flagelo,

En este sentido, la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Guadalupe Alcocer Espadas, resaltó que debe prevalecer la actitud de servicio y la ayuda mutua entre todas las dependencias que integran estos organismos para lograr objetivos comunes, sobre todo al ser este 2023 el Año de las Niñas y los Niños en Benito Juárez.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del SIPINNA Quintana Roo, Norma Gabriela Salazar Rivera, reconoció la voluntad de los servidores públicos de Benito Juárez por mantener un trabajo coordinado y transversal entre todas las instituciones, por lo que tendrán todo el respaldo del Gobierno del Estado.

Además, anunció que este municipio será sede en octubre próximo de un encuentro nacional de combate de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, para que se compartan los planes de acción y casos de éxito creados en la entidad y han sido ejemplo para enfrentar la problemática.

Posteriormente, se instaló debidamente la Comisión de Justicia para los Adolescentes, la cual se encarga del sistema y la política pública en materia de justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley, que pueden ser entre los 12 y 17 años 11 meses de edad.

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