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Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales el próximo mes, poniendo fin a un congelamiento de 19 meses debido a la pandemia de covid-19 a medida que el país toma medidas para exigir que todos los visitantes internacionales se vacunen contra el covid-19.

Los viajes en vehículos, trenes y transbordadores entre los Estados Unidos, Canadá y México se han restringido en gran medida a los viajes esenciales, como el comercio, desde los primeros días de la pandemia.

Dentro de las nuevas reglas, que se anunciarán el miércoles, permitirán que los extranjeros completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos independientemente del motivo del viaje a partir de principios de noviembre, cuando se establezca una flexibilización similar de las restricciones para los viajes aéreos al país. A mediados de enero, incluso los viajeros esenciales que buscan ingresar a los Estados Unidos, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados.

Esto después de que tanto México como Canadá han presionado a Estados Unidos durante meses para que alivie las restricciones de viaje que han separado a familias y han reducido los viajes de placer desde el inicio de la pandemia.

A diferencia de los viajes aéreos, para los cuales se requiere una prueba de una prueba covid-19 negativa antes de abordar un vuelo para ingresar, no se requerirán pruebas para ingresar a los Estados Unidos por tierra o mar, siempre que los viajeros cumplan con el requisito de vacunación.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se aceptarán viajeros que hayan sido completamente vacunados con cualquiera de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, no solo las que se usan en Estados Unidos. Eso significa que la vacuna AstraZeneca, ampliamente utilizado en Canadá y México, será aceptada.

La sede de la Secretaría de Salud federal inició el proceso de traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, informó este martes Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

El funcionario adelantó que las primeras áreas que se irán a su nueva casa son las subsecretarías de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Hugo López-Gatell, las unidades de Análisis Económico, Administración y Finanzas, así como las oficinas del secretario y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Las nuevas oficinas se ubicarán en el Edificio Inteligente, en la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco.

“Atendiendo al compromiso número 54 del presidente Andrés Manuel Lóez Obrador, que estableció que las Secretarías de Estado de la Administración Pública serían ubicadas físicamente a lo largo de la República mexicana, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco a partir del 3 de octubre del presente año”

De igual forma el funcionario dio a conocer que la oficina actual se convertirá en el ‘Museo de la Salud’. Esto en coordinación con la Secretaría de Cultura.

El cambio de la sede se dará de manera progresiva y voluntaria. En la fase inicial se trasladaron titulares, directores generales y trabajadores que solicitaron sumarse a esa etapa.

“En esta etapa en este cambio inicial se encuentra la presencia de 100 personas y en una segunda etapa se sumarán otras 200 personas de la dependencia de salud y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y más de 120 del Instituto de Salud para el Bienestar”.

Después de la propuesta de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrado en el Congreso de la Unión “debe ser real, en vivo y en directo con los empresarios y que lo transmitan las televisoras”, solicitó el PRI. “Queremos una discusión con argumentos, no con choros”.

Por tanto, el grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados exigió “que sean directamente los dueños de las empresas, los actores directos de la producción, los que acudan al Palacio Legislativo a exponer sus argumentos”.

Debido a lo anterior en el arranque de los trabajos en el la Comisión de Energía en San Lázaro, legisladores pertenecientes al PRI propusieron que “si dicen que hay contratos leoninos, que acudan a defenderse y que digan si es cierto o no. No queremos que el debate sea sólo entre las nomenclaturas de los partidos, entre los líderes de opinión”.

“No queremos un parlamento abierto aburrido, a modo; queremos uno al que acudan las cadenas comerciales y que las televisoras lo transmitan en vivo”, completó también el diputado Rubén Moreira, líder priista en la Cámara baja.

“Al PRI le preocupa que este primer gran debate no pueda ser acompañado por un ejercicio democrático, porque no abona a la construcción de acuerdos. Lo que mal empieza, mal acaba”, advirtió el priista Jericó Abramo Masso.

Es por ello que desde el día viernes, los diputados del PRI se quejaron de que la mayoría de Morena determinó que sólo habrá un día para un parlamento abierto, con un horario corto, a realizarse hoy, lo que consideraron “un tiempo insuficiente para que la ciudadanía, los expertos y diferentes sectores de la sociedad den sus opiniones”.

Sin embargo, ayer domingo el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar, del PVEM, aclaró que el acuerdo para el parlamento abierto de hoy se aprobó el viernes por unanimidad por las siete fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Pfizer y BioNTech dijeron este jueves que están solicitando la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para su vacuna contra el covid-19 para niños de 5 a 11 años.

Si la autorizan, esta sería la primera vacuna contra el covid-19 para niños más pequeños. La vacuna Pfizer / BioNTech está aprobada para personas de 16 años o más y tiene una autorización de uso de emergencia para personas de 12 a 15 años.

El mes pasado, Pfizer publicó detalles de un ensayo de fase 2/3 que mostró que su vacuna contra el covid-19 era segura y que generó una respuesta de anticuerpos «robusta» en niños de 5 a 11 años. El ensayo incluyó a 2.268 participantes de 5 a 11 años y utilizó un régimen de dos dosis de la vacuna administrada con 21 días de diferencia. Este ensayo utilizó una dosis de 10 microgramos, menor que la dosis de 30 microgramos que se ha utilizado para los mayores de 12 años.

Pfizer comenzó a enviar los datos a la FDA a fines del mes pasado, pero hasta ahora no había solicitado autorización formalmente.

Anticipándose a la solicitud, la FDA programó una reunión de su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados para discutir la vacuna en niños de 5 a 11 años el 26 de octubre. Si la FDA lo aprueba, un panel de asesores de vacunas de los CDC se reunirá para considerar si recomendar su uso.

“Sabemos por nuestra vasta experiencia con otras vacunas pediátricas que los niños no son adultos pequeños, y realizaremos una evaluación integral de los datos de ensayos clínicos presentados para respaldar la seguridad y eficacia de la vacuna utilizada en una población pediátrica más joven, que puede necesitar una dosis o formulación diferente a la que se usa en una población pediátrica de edad avanzada o en adultos”, comentó la comisionada interna de la FDA.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento del que forma parte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha emitido una recomendación formal para la administración de la tercera dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna contra la COVID-19 en personas inmunocomprometidas a las que se les haya inoculado una segunda dosis, como mínimo, 28 días antes.

De acuerdo con lo expuesto por la AEMPS en esta recomendación se fundamenta en diversos estudios que revelan que La tercera dosis incrementa la capacidad de producción de anticuerpos frente a la COVID-19 en personas trasplantadas o inmunocomprometidas.

A pesar de la carencia de evidencia científica sobre que la capacidad de producir dichos anticuerpos proteja más eficazmente frente a la enfermedad, se espera que este pinchazo adicional aumente su protección, al menos, en casos determinados. La EMA y las distintas agencias reguladoras nacionales, como la española, seguirán realizando una monitorización pormenorizada acerca de toda la información disponible sobre su efectividad.

Es importante, destacan, diferenciar entre terceras dosis para personas trasplantadas o inmunocomprometidas y dosis de refuerzo, referentes a pacientes con un sistema inmune normal; es decir, población general.

En este caso, el comité ha evaluado datos de Pfizer/BioNTech que ponen de manifiesto un incremento de niveles de anticuerpos al poner una dosis adicional, aproximadamente seis meses después de la segunda, en población de entre 18 y 55 años. 

Por otro lado, destacan desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el ámbito Europeo la EMA seguirá trabajando con la AEMPS y con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades para estudiar toda la información disponible y establecer las recomendaciones adecuadas.

El 4 de abril de 2016, Andrés Manuel López Obrador hizo una de esas declaraciones que jamás debió pensar que se le revertirían. En un mitin en Tlaxcala, en el momento donde estaba en lo más alto el escándalo de los Panama Papers, la investigación periodística global sobre el uso de paraísos fiscales de políticos, empresarios y celebridades donde aparecían varios mexicanos, afirmó que el SAT debía investigarlos porque, sin duda, se trataba de lavado de dinero. Cinco años después un búmeran llamado Pandora Papers le ha pegado en la cabeza.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó durante más de un año con el mayor sigilo una investigación con 150 medios en el mundo –incluidos tres mexicanos y uno latinoamericano–, dio a conocer este domingo casi 2 millones de documentos sobre operaciones de líderes, funcionarios y políticos en 91 países, que utilizaron paraísos fiscales para ocultar operaciones financieras. No todos de quienes aparecen en esa lista incurrieron en delitos, pero sí hay quienes actuaron al margen de las leyes de sus países, incluidos algunos prominentes mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador.

La persona sobre la cual se han centrado los ojos es Julio Scherer, hasta hace un mes consejero jurídico de la Presidencia, que utilizó un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes para controlar un departamento de un millón y medio de dólares en la avenida Collins, cerca de Miami Beach, al haberle transferido las acciones a Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Stern Wolf, quienes permanecieron como directores de la sociedad creada, hasta 2017, cuando dejaron todo en manos del exfuncionario. Ese departamento, de acuerdo con la revista Proceso, donde los Scherer son los propietarios, no apareció en las declaraciones patrimoniales públicas del exconsejero.

Scherer explicó que esas operaciones las hizo cuando aún no era funcionario público, aunque en su respuesta a los medios que divulgaron la investigación, no mencionó el porqué no lo había incorporado en su declaración patrimonial. Tampoco aparece ningún detalle de cuánto pagó, si así lo hubiera hecho, por las 50 mil acciones que le dieron la propiedad del departamento, ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de Miami.

No es la primera vez que aparecen personas del gobierno o cercanas al presidente con cuentas en paraísos fiscales. En los Panama Papers surgió el nombre del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en una sociedad en Panamá creada por su hermano, ya fallecido, que declaró no haber tenido conocimiento de su incorporación ni que fuera miembro de ella. Recientemente, la familia de su hermano dijo que esa sociedad servía de prestanombres del fiscal, que tiene ahí 8 millones de dólares.

No deja de ser significativo que en Proceso, la revista de la familia Scherer, se recordó ayer que el 18 de agosto del año pasado, cuando en la comparecencia mañanera le preguntaron sobre la corrupción en anteriores gobiernos, López Obrador preguntó: “¿Cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada?”. De inmediato respondió: “Hay países que incluso viven de eso. Es inmoral”. Sus palabras de antes tendrán que ser respaldas por acciones de su gobierno en estos nuevos casos divulgados en los Pandora Papers, si mantiene una congruencia y coherencia con lo que afirmó en 2016 y lo que dijo el año pasado.

A las 300 figuras del sector público se suman cantantes como el español Julio Iglesias y la colombiana Shakira, o estrellas del fútbol como el argentino Ángel di María o el español Pep Guardiola.

Según la investigación, todos ellos son propietarios de compañías offshore, empresas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, que son legales si el dueño las declara donde reside, pero que suelen usarse para «esconder dinero en efectivo o evitar impuestos», según los investigadores.

El trabajo periodístico, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y con la participación de más de 650 reporteros de distintos medios -entre ellos la BBC-, expone 12 millones de documentos de 14 empresas que trabajan en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Suiza, entre otros.

Ya se encuentra inscrita la delegación deportiva de Quintana Roo en los Paranacionales CONADE 2021, al concluir el periodo de registro en la Ciudad de México, ante las autoridades correspondientes, que tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre.

Un total de 77 participantes entre atletas, entrenadores y delegados representarán a la entidad en la máxima justa nacional del deporte adaptado en México y que por primera vez tendrá lugar en Quintana Roo del 15 al 29 de octubre.

La entidad estará compitiendo en las disciplinas de Paranatación, para Tenis de mesa, Boccia, Baloncesto sobre silla de ruedas, Paratletismo y Paradanza deportiva, con 51 deportistas.

Las otras disciplinas que se desarrollarán son Paratriatlón, Parapowerlifting, Golbol, Fútbol 5 para ciegos y Paraciclismo.

El equipo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria nacional, hizo entrega de la documentación respectiva ante la CONADE y las Asociaciones Deportivas Nacionales y de igual manera, como estado sede, se llevó a cabo la validación de los registros de las delegaciones de las demás entidades participantes.