El anillo está desde 2009 en la lista Ramsar de humedales de importancia mundial, un convenio firmado en 1971 por México y de cumplimiento obligatorio para el Estado.
En 2013 fue decretado Área Natural Protegida por el Gobierno estatal, lo que significa que está prohibida cualquier actividad “no compatible” con este ecosistema.
Pero en octubre de 2016, Enrique Echeverría Chan, entonces presidente municipal de Homún, le concedió a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) una licencia de uso de suelo para instalar una mega granja en la zona.
La Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protegen el derecho de los pueblos originarios a su “autonomía y libre determinación” sobre temas de conservación de su hábitat a través de consultas.
Varios habitantes, sin embargo, recuerdan que solo se enteraron de la existencia de la granja cuando en junio de 2017 vieron las obras ya avanzadas que convertirían 113 hectáreas de selva —unos 160 campos de fútbol— en varias naves de concreto para albergar miles de cerdos.
La granja empezó a operar en agosto de 2018, unos cinco años después de que se declarara área natural protegida, y miles de lechones llegaron a Homún.
Cuando la granja abrió, recuerdan la decena de cenoteros entrevistados, un olor insoportable se apropió del aire del pueblo y las aguas negras que acarrean excremento, orina y los componentes químicos que se usan para bañar a los cerdos permearon el suelo. Después de sus fracasos con las autoridades, en octubre de 2018 la comunidad apeló a la conciencia ambiental de los empresarios.
Un niño escribió una carta dirigida a la empresa Kekén (cerdo en maya). PAPO trabaja bajo un modelo de aparcería: crían y engordan a los cerdos para después entregarlos a Kekén, presidida por el empresario Claudio Freixes, una de las mayores productoras de carne en México y la mayor empresa de la industria porcícola de Yucatán, que exporta a países como Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Canadá.
Kekén no quiso conceder una entrevista a esta reportera. En su lugar envió un comunicado en el que decía que la propiedad de la granja era de PAPO y que su relación comercial se inició cuando esta empresa había acreditado toda la documentación ante las autoridades.
“Señores de Kekén: pido encarecidamente que retiren sus cerdos de Homún porque no quiero que mi pueblo se contamine con los desechos de sus cerdos… también me gustaría que mi pueblo se mantenga con sus cenotes bonitos y limpios, y no quisiera que más adelante me enferme porque sus cerdos ya hayan contaminado el aire que respiro y el agua”.
El 28 de septiembre de 2018, seis niños de Homún, a través de sus madres interpusieron una demanda de amparo ante un juzgado de Yucatán para frenar las operaciones de la granja.
Apoyados por la ONG Indignación, demandaron por ser “omisos” en el cumplimento de la ley al Gobierno de Yucatán; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal, a cargo de Batllori Sampedro, quien había firmado unos años antes el decreto para declarar el Anillo de Cenotes área protegida; y a Enrique Echeverría Chan, el presidente municipal que concedió el permiso a PAPO.
En el documento se incluían las cartas escritas por los seis niños, dirigidas a la jueza de distrito Miriam de Jesús Cámara Patrón.
“En Homún habitamos aproximadamente 2.600 menores de edad, quienes estudiamos. En nuestros ratos libres acompañamos a los turistas que llegan a nuestro pueblo a conocer los cenotes. El agua de los cenotes la ocupamos para diversas actividades, la más importante es para tomar, también la ocupamos para bañarnos, lavar ropa y para lavar trastes”.
La sentencia de la jueza se basa en el principio precautorio; no esperar a que las “catástrofes ambientales” sucedan, cuando ya los daños sean irreversibles.
