Día: 4 de abril de 2023

Con el objetivo de detener el ingreso ilegal de fentanilo al país y el consumo entre la juventud, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México seguirá promoviendo la colaboración entre países y medidas de prevención de daños por esta sustancia.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer la carta que envió al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y en la cual planteó la búsqueda del entendimiento para controlar los envíos de este narcótico.

“Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia”, se lee en la misiva presentada ante representantes de medios de comunicación.

Al mismo tiempo refrendó la colaboración con el gobierno estadounidense, país que registra una pandemia histórica por consumo de fentanilo.

Ante los señalamientos de una fracción del Partido Republicano, el jefe del Ejecutivo reiteró que México no produce la sustancia y no es el causante de este problema de salud pública en Estados Unidos.

De acuerdo con una encuesta de Fundación Cato, el 86 por ciento de los presos por este delito en aquel país son ciudadanos estadounidenses, no migrantes.

“Cuando el migrante va a trabajar, a buscarse la vida, va por necesidad, no a llevar droga, pero mucha gente en Estados piensa eso porque ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información”, acotó.
Recordó que, a diferencia de Estados Unidos, el Gobierno de México promueve valores culturales, morales y espirituales, así como el fortalecimiento de los lazos familiares a fin de alejar de las adicciones a miles de jóvenes.

Familiares de los migrantes fallecidos en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez presionan desde Estados Unidos para que las autoridades mexicanas les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos.

“Las autoridades mexicanas no responden”, dijo a EFE la guatemalteca Alba González, prima hermana de Roberto González Hernández, uno de los 40 migrantes que murieron el lunes 27 de marzo en suelo mexicano.

González está radicada en Los Ángeles (California) y sus familiares la buscaron para que les ayudara en el proceso. “No sabía que mi primo se había venido hasta después que pasó la tragedia”, advierte.

Desde el martes de la semana pasada se unió a la dura tarea para repatriar el cuerpo del joven. Su experiencia como intérprete del idioma quiché en EU le ha enseñado las grandes barreras que enfrentan los migrantes y sus familias al tratar con las autoridades y la burocracia, especialmente cuando se trata de indígenas.

Entre los muertos hay 6 hondureños, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 18 guatemaltecos y un colombiano. Se cree que la mayoría de migrantes de este último grupo son indígenas. De una víctima fatal más aún se desconoce la nacionalidad.

González cuenta que su familia presentó en Guatemala todos los documentos requeridos para la repatriación. Le dijeron que se comunicarían con ella, pero ya han pasado varios días y no ha escuchado noticia alguna.

“El silencio es una forma de ignorarnos”, valora González. La joven tampoco ha logrado que le respondan las autoridades mexicanas. “Es mucha frustración y mucho dolor”, comenta.

La misma situación enfrenta la familia del venezolano Orlando José Maldonado Pérez, de 26 años, quien murió en el incendio. Aunque uno de los hermanos se encuentra en Florida, su condición de recién llegado no le ha permitido avanzar en sus reclamos.

Es por eso que Oraydee Mileyvi Maldonado Pérez, la hermana mayor, ha tomado la vocería de la familia. “Pido al Gobierno de México que nos devuelva el cuerpo de nuestro hermano para darle sepultura, que nos informen sobre lo que está pasando”, dijo a EFE en una llamada telefónica desde el estado de Táchira (Venezuela).

Cuenta que es poca o casi nula la información que ha recibido de las autoridades mexicanas, y tampoco ha recibido apoyo de las autoridades de su país.

La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, ha pedido al jurado que otorgue una extensión de tres meses para la siguiente audiencia de sentencia, alegando que ha obtenido información nueva en el caso. El juez Brian Cogan ha concedido la petición.

“Desde el veredicto, varios individuos, incluyendo ex oficiales encargados de cumplir la ley, nos han contactado con posibles nuevas pruebas para la defensa”, detalla un comunicado de la firma del abogado César de Castro.

Ante estas posibles nuevas pruebas, es necesario más tiempo para preparar una moción para un nuevo juicio, apunta la carta.

“En lugar de proceder con la sentencia del Sr. García Luna y el inicio de una apelación que despojaría al Tribunal de jurisdicción para escuchar la moción hasta que el Segundo Circuito concediera una moción para devolver el caso a Su Señoría como lo requiere la Regla 33, el uso apropiado de los recursos sería simplemente aplazar las fechas como solicitamos. Después de todo, el gobierno no está perjudicado de ninguna manera. El señor García Luna no está en libertad y permanece detenido”.

El documento está firmado por César de Castro, Valerie Gotlib, Shannon McManus y Florian Miedel.

El juez Brian Cogan, a cargo del caso, ha accedido a la solicitud de los abogados de García Luna. Con esto, las mociones posteriores al juicio serán presentadas hasta el 7 de julio.