Autor: Adrian Sanchez H

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), consideró que los recursos propuestos por la Secretaría de Hacienda dentro del paquete presupuestal para el Tren Maya el próximo año, son suficientes para el ejercicio de 2020.
Aunque el funcionario no lo precisó, se sabe que el Gobierno Federal planea destinar en 2020 a este proyecto 2 mil 500 millones de pesos, casi la mitad de todo el presupuesto que se le asignará a la Secretaría de Turismo.

De acuerdo con un boletín, el encargado del proyecto de infraestructura más importante de esta administración recordó que el Tren Maya es una obra fundamentalmente de inversión privada, de tal forma que los recursos que se asignen para 2020 servirán para obras inducidas, estudios de impacto ambiental, consultas, algunas reservas complementarias, ajustes de tipo social, ambiental y técnico, entre otras.

“Este año tuvimos una asignación de 5 mil millones que han servido para varias preparaciones para el mismo proyecto, como pagos de derechos de vía, de carreteras, de obras preliminares y en el 2020 evidentemente tendremos una cantidad menor porque las cantidades fuertes son para contratos. Realmente se va a hacer una inversión muy importante  en diciembre, cuando lancemos la licitación de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, estamos hablando de arriba de 80 mil millones de pesos, para el Tren Maya, pero será inversión privada”, dijo.
El director de Fonatur explicó que el Tren Maya tiene un esquema financiero basado en Asociaciones Público-Privadas (APPs), en el que la iniciativa privada aportará  90% de la inversión, que se le pagará en un plazo de 30 años, con la operación del Tren. El control de esta operación la llevará el Estado. El Fonatur contratará a una empresa que sepa de trenes que será la encargada de ello.

“Quien construya  el Tren Maya tendrá  un contrato por disponibilidad y se le pagarán tres cosas: capital, intereses y mantenimiento durante 30 años (…) Nosotros en diciembre lanzamos la licitación de 4 mil 400 millones de dólares, pero será ejercida por inversionistas privados”, expuso.
Por otro lado, Jiménez Pons se reunió con integrantes de la Cámara Española de Comercio para impartir la conferencia «El Tren Maya como Vehículo para el Ordenamiento Territorial», e la que afirmó que actualmente se tiene más del 90% de anuencias de los ejidatarios de los cinco estados por donde pasará el tren, ya que hay mucho interés de los propietarios por sumarse y participar.

Asimismo, explicó que en el sureste del país hay carreteras saturadas y un alto costo en el transporte de personas y mercancías, por lo cual el Tren Maya constituye un sistema de transporte más eficiente, menos contaminante y que conecte a toda la Península.
“Los trenes son un elemento de integración, como en Europa. En México se han privilegiado las carreteras. Hoy con el Tren Maya se pretende promover una política de reordenamiento territorial a partir de este medio de transporte”, dijo.
Jiménez Pons explicó a la comunidad española que la operación del Tren Maya quedará en manos del Estado y estará funcionando en 2023.

A fin de asegurar la continuidad de beneficios arancelarios y su efecto positivo en la economía nacional, mediante el intercambio comercial y la competitividad de los mercados fronterizos, el senador José Luis Pech Várguez presentó un Punto de Acuerdo para que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de Economía a expedir a la brevedad un nuevo Decreto para mantener las medidas establecidas en el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
Presentado de manera conjunta con el senador chihuahuense Gustavo Enrique Madero Muñoz, de la fracción parlamentaria del PAN, el Punto de Acuerdo busca que los beneficios arancelarios y no arancelarios que desde 2007 tienen las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, se mantengan aún en 2020 y años subsecuentes, debido a que la vigencia del mecanismo legal que lo hace posible, vence el próximo 31 de diciembre del año en curso.

En un boletín se indica que, en la exposición de motivos, el senador Pech Várguez expuso que tanto Quintana Roo como Baja California y Baja California Sur, además de regiones conformadas por algunos municipios de Sonora, como Cananea y Caborca; otros de Chiapas, como Comitán de Domínguez y Tapachula; y los de Salina Cruz, Oaxaca, y Tenosique, Tabasco, son considerados Región Fronteriza en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, aprobada en 2007 y adecuada mediante diversos decretos a lo largo de los 10 años posteriores, con vencimiento en diciembre próximo.
La medida tuvo su última modificación el 5 de octubre de 2017, con la emisión del Decreto por el que se estableció el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, con el cual se mantuvieron en condiciones favorables aproximadamente 3 mil 200 fracciones arancelarias de diversos productos, con lo que se generan beneficios para empresas de las áreas fronterizas citadas, puntualizó el senador José Luis Pech.

Agregó que «este mecanismo ha impactado favorablemente la economía de las entidades ubicadas en las fronteras del país, al tener una tasa impositiva del 0% o 5% para la importación de mercancías. El beneficio es directo para los consumidores locales, pues gozan de precios accesibles toda vez que las mercancías y productos se encarecen al ser trasladados de otras regiones hacia las fronteras, además de hacer competitivos los productos y servicios ante los visitantes y turistas de países vecinos».
Puntualizó que no emitir el Decreto propuesto en el Punto de Acuerdo, es muy alto «el riesgo de perjudicar el intercambio de mercancías y productos, la capacidad adquisitiva de las y los mexicanos y la competitividad en las seis entidades que son beneficiadas en sus actividades de comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios». 

Expuso que ese mecanismo favorece a personas físicas y morales dedicadas a la venta o prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social; al igual que a los dedicados al alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, con la importación de productos como textiles, desde la materia prima hasta prendas de vestir; y productos comestibles de origen animal y vegetal, con la exclusión de cigarros, vinos y cervezas.