Mes: septiembre 2019

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que informó que ya fue botada la primera de cuatro embarcaciones sargaceras que se construyen en el Astillero de Marina No. 3 en Coatzacoalcos, Veracruz, efectuando pruebas de estanqueidad, flotabilidad y operación de los motores fuera de borda, en las inmediaciones del río Coatzacoalcos. Se tiene planeada la entrega de la primera embarcación el 25 de octubre próximo.  
Mediante un comunicado, precisó además que al buque Kelsol se le asignó tipo, clase, nombre y numeral, denominándose Buque Sargacero Oceánico, ARM “NATANS” (BSO-101). La nave está en el puerto de Manzanillo, Colima, con la finalidad de reactivar sus equipos para su funcionamiento y dar mantenimiento al casco y maquinaria.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México realiza un esfuerzo constante y contribuye con los medios disponibles en la Estrategia del Gobierno de México, referente al plan de contención del fenómeno atípico del sargazo en las costas del Caribe Mexicano y del estado de Quintana Roo.
Por otro lado, indicó que en las dos primeras semanas del presente mes fueron recolectadas de manera manual y con ayuda de bandas y barredoras 5 mil 793.40 ton de sargazo en las playas de los siete municipios afectados por el recale del alga en Quintana Roo y 494.55 ton en alta mar, que representan 645.76 m3.

De acuerdo con un boletín, en el marco de la Estrategia del Gobierno de México para la contención del recale atípico de sargazo, de mayo a septiembre de este año se recolectaron 78 mil 757 ton de sargazo. Desde el inicio de la temporada en este esfuerzo en la costa se han sumado los gobiernos estatal y municipales, además de los concesionarios, con la valiosa ayuda de 16 mil 891 personas involucradas en las actividades de limpieza en las playas.
De igual manera, se tiene el apoyo de embarcaciones de la Semar para la recolectar sargazo en las diferentes playas afectadas en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P. Blanco.
En Solidaridad se han recolectado 23 mil 923.70 ton; Benito Juárez, 19 mil 903.39; Puerto Morelos, 18 mil 264.30; Tulum, 15 mil 420.90; Cozumel, 834 mil 40; Isla Mujeres, 249; Othón P. Blanco, 162.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy haber recibido la solicitud de indulto para el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, la cual ya habría sido aprobada.
En su habitual conferencia de prensa matutina y en respuesta a la pregunta de una mujer que no se identificó, dijo que “hubo de parte nuestra atención al tema y lo seguirá habiendo por su estado de salud”, expresó.

Llama la atención que la pregunta al jefe del Ejecutivo Federal se planteó horas después de que, mediante una carta, Villanueva Madrid, quien desde hace un año se encuentra en un hospital de Chetumal, no en prisión, “abrió fuego” contra el juez federal que le ha negado traslados entre prisiones y la posibilidad de prisión domiciliaria.
“Se está haciendo el trámite legal (para el indulto) porque lo solicitaron familiares y ciudadanos de Quintana Roo por la situación de salud de Mario Villanueva”, aseguró López Obrador.

De hecho, el jefe del Ejecutivo aseguró que se inició un trámite en la Secretaría de Gobernación, el cual había avanzado, pero hubo una apelación de la Fiscalía “y, como somos respetuosos, se está esperando a terminar el trámite”.
El Presidente de la República subrayó que su gobierno seguirá dando atención al tema, considerando el estado de salud de Villanueva Madrid.
La solicitud de indulto que, en realidad fue planteada por los diputados del Congreso del Estado, se basa, según el ex gobernador, en investigaciones que realizaron desde hace más de seis años, las cuales demostraron que son falsos los ilícitos de los que lo acusaron, “que las acusaciones fraudulentas fueron fabricadas y que soy inocente”.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), participó en el Foro Legislativo Académico organizado por la Comisión de la Frontera Sur, en el que habló ante diputados de las diferentes fracciones parlamentarias sobre los avances del proyecto Tren Maya.
El funcionario, de acuerdo con un  boletín, consideró que el Tren Maya tiene viabilidad a mediano y largo plazo y entre sus objetivos está el ordenamiento territorial mediante el valor cero, ya que uno de los grandes errores de los últimos 20 años en la región fue una mala planeación urbana alrededor de destinos como Cancún, Tulum o en zonas de la Riviera Maya.

“En Cancún la planeación llegó a una urbanización sólo a la clase media. Necesitamos desarrollos disruptivos donde la especulación ya no sea el común denominador; transferir potencialidad y no dejar que sólo sea el mercado el que mande; una visión integral de desarrollo (…) Hay que apostar por trenes modernos que no atropellen ni a personas ni a jaguares. Se está pensando que el desarrollo integral sea quien pague toda esta inversión”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un reconocimiento a la Comisión de la Frontera Sur y calificó al Tren Maya como la obra de infraestructura más importante de esta administración.

En tanto, el diputado Raúl Bonifaz entregó los estudios y conclusiones de los cinco foros realizados en coordinación con el Colegio de la Frontera Sur luego de intenso recorrido por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En su oportunidad, la Dra. María del Carmen Pozo de la Tijera, directora de El Colegio de la Frontera Sur, afirmó que la pobreza, marginación y biodiversidad son aspectos de la región sur-sureste y reconoció que no es posible negar la necesidad de inyectar de recursos económicos a la zona por donde pasará el Tren Maya.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), consideró que los recursos propuestos por la Secretaría de Hacienda dentro del paquete presupuestal para el Tren Maya el próximo año, son suficientes para el ejercicio de 2020.
Aunque el funcionario no lo precisó, se sabe que el Gobierno Federal planea destinar en 2020 a este proyecto 2 mil 500 millones de pesos, casi la mitad de todo el presupuesto que se le asignará a la Secretaría de Turismo.

De acuerdo con un boletín, el encargado del proyecto de infraestructura más importante de esta administración recordó que el Tren Maya es una obra fundamentalmente de inversión privada, de tal forma que los recursos que se asignen para 2020 servirán para obras inducidas, estudios de impacto ambiental, consultas, algunas reservas complementarias, ajustes de tipo social, ambiental y técnico, entre otras.

“Este año tuvimos una asignación de 5 mil millones que han servido para varias preparaciones para el mismo proyecto, como pagos de derechos de vía, de carreteras, de obras preliminares y en el 2020 evidentemente tendremos una cantidad menor porque las cantidades fuertes son para contratos. Realmente se va a hacer una inversión muy importante  en diciembre, cuando lancemos la licitación de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, estamos hablando de arriba de 80 mil millones de pesos, para el Tren Maya, pero será inversión privada”, dijo.
El director de Fonatur explicó que el Tren Maya tiene un esquema financiero basado en Asociaciones Público-Privadas (APPs), en el que la iniciativa privada aportará  90% de la inversión, que se le pagará en un plazo de 30 años, con la operación del Tren. El control de esta operación la llevará el Estado. El Fonatur contratará a una empresa que sepa de trenes que será la encargada de ello.

“Quien construya  el Tren Maya tendrá  un contrato por disponibilidad y se le pagarán tres cosas: capital, intereses y mantenimiento durante 30 años (…) Nosotros en diciembre lanzamos la licitación de 4 mil 400 millones de dólares, pero será ejercida por inversionistas privados”, expuso.
Por otro lado, Jiménez Pons se reunió con integrantes de la Cámara Española de Comercio para impartir la conferencia “El Tren Maya como Vehículo para el Ordenamiento Territorial”, e la que afirmó que actualmente se tiene más del 90% de anuencias de los ejidatarios de los cinco estados por donde pasará el tren, ya que hay mucho interés de los propietarios por sumarse y participar.

Asimismo, explicó que en el sureste del país hay carreteras saturadas y un alto costo en el transporte de personas y mercancías, por lo cual el Tren Maya constituye un sistema de transporte más eficiente, menos contaminante y que conecte a toda la Península.
“Los trenes son un elemento de integración, como en Europa. En México se han privilegiado las carreteras. Hoy con el Tren Maya se pretende promover una política de reordenamiento territorial a partir de este medio de transporte”, dijo.
Jiménez Pons explicó a la comunidad española que la operación del Tren Maya quedará en manos del Estado y estará funcionando en 2023.

A fin de asegurar la continuidad de beneficios arancelarios y su efecto positivo en la economía nacional, mediante el intercambio comercial y la competitividad de los mercados fronterizos, el senador José Luis Pech Várguez presentó un Punto de Acuerdo para que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de Economía a expedir a la brevedad un nuevo Decreto para mantener las medidas establecidas en el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
Presentado de manera conjunta con el senador chihuahuense Gustavo Enrique Madero Muñoz, de la fracción parlamentaria del PAN, el Punto de Acuerdo busca que los beneficios arancelarios y no arancelarios que desde 2007 tienen las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, se mantengan aún en 2020 y años subsecuentes, debido a que la vigencia del mecanismo legal que lo hace posible, vence el próximo 31 de diciembre del año en curso.

En un boletín se indica que, en la exposición de motivos, el senador Pech Várguez expuso que tanto Quintana Roo como Baja California y Baja California Sur, además de regiones conformadas por algunos municipios de Sonora, como Cananea y Caborca; otros de Chiapas, como Comitán de Domínguez y Tapachula; y los de Salina Cruz, Oaxaca, y Tenosique, Tabasco, son considerados Región Fronteriza en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, aprobada en 2007 y adecuada mediante diversos decretos a lo largo de los 10 años posteriores, con vencimiento en diciembre próximo.
La medida tuvo su última modificación el 5 de octubre de 2017, con la emisión del Decreto por el que se estableció el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, con el cual se mantuvieron en condiciones favorables aproximadamente 3 mil 200 fracciones arancelarias de diversos productos, con lo que se generan beneficios para empresas de las áreas fronterizas citadas, puntualizó el senador José Luis Pech.

Agregó que “este mecanismo ha impactado favorablemente la economía de las entidades ubicadas en las fronteras del país, al tener una tasa impositiva del 0% o 5% para la importación de mercancías. El beneficio es directo para los consumidores locales, pues gozan de precios accesibles toda vez que las mercancías y productos se encarecen al ser trasladados de otras regiones hacia las fronteras, además de hacer competitivos los productos y servicios ante los visitantes y turistas de países vecinos”.
Puntualizó que no emitir el Decreto propuesto en el Punto de Acuerdo, es muy alto “el riesgo de perjudicar el intercambio de mercancías y productos, la capacidad adquisitiva de las y los mexicanos y la competitividad en las seis entidades que son beneficiadas en sus actividades de comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios”. 

Expuso que ese mecanismo favorece a personas físicas y morales dedicadas a la venta o prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social; al igual que a los dedicados al alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, con la importación de productos como textiles, desde la materia prima hasta prendas de vestir; y productos comestibles de origen animal y vegetal, con la exclusión de cigarros, vinos y cervezas.